La democracia representativa supone que al votar los ciudadanos ceden su poder de intervención en el Estado a aquellos individuos que consideran, mejor representarán sus intereses.
Muchos creen que una vez que su voto entra en la urna, ya no tienen poder sobre el accionar del Gobierno. Sin embargo, existen instituciones del Estado cuya única función es controlar este accionar y asegurarse de que éste sea acorde a la ley vigente y los derechos de sus ciudadanos.
Uno de los organismos que existen para defender los derechos de los ciudadanos es el "Defensor del Pueblo", una figura que existe en la Constitución Cordobesa desde su Reforma en 1987.
Una oficina a cargo del radical Mario de Cara desde hace ya diez años, le cuesta al Estado Provincial $205 millones al año. Hoy emplea a casi 170 agentes, más de seis veces más empleados que hace veinte años.
El ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos) se fundó a través de una ley en el año 2000 y comenzó a operar en sus funciones al año siguiente. Su rol es asegurar que las empresas privadas que el Estado contrata para brindar servicios públicos cumplan con todas sus funciones, de manera equitativa para todos los ciudadanos y a un precio justo.
En 2019, ERSEP cuenta con un presupuesto de casi $260 millones y tiene 140 empleados.
Aunque estos dos organismos están habilitados para actuar de oficio frente a alguna irregularidad -esto es, actuar sin denuncia mediante-, no siempre es sencillo mantener un control sobre todas las áreas en todo momento. Por ello, recibir las denuncias de los ciudadanos, que permiten visibilizar la violación de sus derechos, facilita su tarea.
Cabe preguntarse, considerando que estos organismos tienen presupuestos millonarios; ¿Por qué los derechos de los ciudadanos continúan siendo vulnerados?; ¿Por qué los servicios no funcionan de manera óptima, aún pagando tarifas más caras de lo que permite el bolsillo?
¿Faltan organismos de control o falta voluntad de la ciudadanía para ejercer el control sobre aquellos que deben controlar?
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