El expresidente de la Nación Carlos Saúl Menem quedó un paso más cerca de afrontar un juicio largamente esperado en Río Tercero y en la provincia de Córdoba, con la decisión del Tribunal Oral Federal número 2 de fijar audiencias desde el próximo 24 de febrero de 2021.
Es que los familiares de siete muertos, más de 300 heridos y miles de ciudadanos de Río Tercero esperan desde hace casi 25 años que la Justicia alcance a todos los posibles involucrados en las trágicas explosiones de la Fábrica Militar de esa ciudad ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
Hasta el momento fueron condenados cuatro altos mandos militares con responsabilidad en la conducción de la Dirección de Fabricaciones Militares y de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), pero Menem interpuso sucesivos recursos judiciales que dilataron durante décadas el arribo a esta instancia de juicio oral. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) está integrado en la actualidad por los magistrados Jaime Díaz Gavier, Noel Costa y Carolina Prado.
El expresidente Menem tiene 90 años de edad y permanece en actividad como senador nacional por La Rioja. Por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, Menem fue condenado a siete años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero las sucesivas apelaciones y su cargo de senador nacional le permitieron alcanzar 23 años sin condena firme y en 2018 fue absuelto por no cumplirse el "principio del plazo razonable", con sentencia firme.
"Se trata de un accidente y no de un atentado, ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra", dijo Menem en la conferencia de prensa que dio el mismo día de las primeras explosiones junto con el entonces gobernador de Córdoba, Ramón Bautista Mestre, y el intendente de Río Tercero, Carlos Rojo.
Sin embargo, en la sentencia que el Tribunal Oral Federal 2 dictó condenas de 13 años de prisión para cuatro oficiales del Ejército Argentino, los coroneles retirados Jorge Antonio Cornejo Torino (ex director de la FMRT), Carlos Jorge Franke y Edberto González de la Vega, y 10 años de prisión para el mayor retirado Marcelo Diego Gatto, dejó todas las evidencias de que a criterio del tribunal la culpabilidad alcanza también a Menem.
En los fundamentos expresados en parte de las 1074 fojas del fallo dictado en febrero de 2015, el tribunal concluye que "lo que ocurrió antes con la exportación ilegal de material bélico y, luego especialmente con la explosión, fue producto de decisiones adoptadas por los más altos niveles del poder central, desde donde se impartieron las órdenes del acto criminal".
En otro párrafo decisivo, los jueces manifiestan que "se trató de un atentado explosivo provocado de modo intencional, organizado y direccionado... para lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices".
La pólvora de Villa María fue la punta de la mecha
La venta ilegal de armas por parte del gobierno de Menem a Croacia y Ecuador (que estaban bajo embargo de armamentos por la Organización de las Naciones Unidas debido a que estaban en guerra con Serbia y Perú, respectivamente) se mantuvo en secreto hasta que surgieron indicios de que gran parte del operativo logístico que se desplegó en las fábricas militares con sede en Río Tercero y Villa María tenía destino de contrabando.
Destapó el caso una denuncia del ingeniero Luis Tagni -ex jefe de Control de Gestión de la Fábrica Militar de Villa María (FMVM)- sobre la supuesta incineración de toneladas de pólvora correspondientes a 25.036 cargas usadas para impulsar proyectiles como los que estallaron en Río Tercero. Tal incineración supuestamente concretada en el polígono de tiro de cañones ubicado en Serrezuela fue ficticia y tenía el propósito de que ese material no figurara en los inventarios. De tal manera, el valor de casi dos millones y medio de dólares que tenía esa pólvora no ingresó a la contabilidad de la FMVM ni de Fabricaciones Militares.
El fallo del TOF 2 remarca esa situación irregular entre los fundamentos de la condena a los cuatro oficiales del Ejército. La pólvora supuestamente quemada por haber perdido sus propiedades explosivas fue efectivamente enviada a Croacia junto con los proyectiles para cañones Citer calibre 155 milímetros y obuses Oto Melara de 105 mm.
La situación fue similar con esos cañones Citer de 155 mm y obuses Oto Melara que se producían y reparaban en la Fábrica Militar de Río Tercero, pero en ese caso las piezas de artillería fueron dadas de baja como material de rezago en distintas bases del Ejército donde tenían asentamiento.
Los cañones y obuses con destino a Croacia dejaron de figurar en los arsenales del Ejército Argentino, pero sus numeraciones de serie fueron adulteradas y fueron reacondicionados en los talleres de la FMRT. En la jerga diaria de la fábrica, el operativo se designaba "Ejército Argentino" y a los cañones renovados se les llamaba "gemelos" hasta por los propios directivos de la FMRT como los oficiales condenados por el TOF 2.
Publicaciones militares de las fuerzas armadas croatas durante el conflicto de la ex Yugoslavia mostraban el armamento de origen argentino siendo operado por tropas de Croacia, como esta tapa de una revista oficial de 1995.
El vínculo de esas maniobras con la explosión de Río Tercero es inevitable. Los cañones Citer retirados de los arsenales, la pólvora de Villa María falsamente incinerada y los proyectiles de 155 mm integran el mismo sistema de armas y son parte del mismo cargamento bélico: si los cañones y la pólvora no figuraban en los inventarios... ¿cómo "sacar de inventario" los miles de proyectiles cargados con trotyl que faltaban en la Fábrica Militar de Río Tercero?
La respuesta se encuentra en una pericia realizada por especialistas en explosivos de Gendarmería Nacional. En diciembre de 1998 los peritos de esa fuerza de seguridad determinaron que los depósitos de armamento de la Fábrica Militar de Río Tercero no tenían la capacidad suficiente para almacenar la cantidad de proyectiles que sus directivos afirmaban disponer antes de la explosión.
Con las proyecciones de la cantidad de proyectiles recuperados tras los trágicos estallidos -hubo una segunda explosión de proyectiles recuperados dos semanas después del 3 de noviembre de 1995-, los peritos de Gendarmería calcularon un faltante superior a los 27 mil municiones de artillería.
Llamativa coincidencia, la fraguada incineración de 25.036 cargas de pólvora con el faltante calculado de 27 mil proyectiles que para ser utilizados en combate requieren esa pólvora como impulsor.
Con todo ese material bélico destinado a Croacia y Ecuador fuera de los inventarios oficiales, el destino de decenas de millones de dólares obtenidos por esa venta ilegal de armamento es una incógnita que la Justicia no llega, y probablemente nunca llegará, a esclarecer.
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