Los delitos imputados incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso sexual, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia y falsedad documental.
Entre las sentencias, destacan tres condenas a prisión perpetua para los policías del D2 Carlos Yanicelli, Yamil Jabour y Juan Eduardo Molina. Mirta Antón (Cuca) fue sentenciada a 15 años de confinamiento, mientras que Raúl Alejandro Contreras recibió 7 años de prisión. Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González fueron absueltas del robo de la recuperada nieta 107.
Durante el juicio, los acusados reiteraron su inocencia, con Mirta Antón (Cuca) señalando que no era la única mujer que trabajaba en el Centro Clandestino de Detención D2, donde ocurrieron los hechos.
El caso aborda crímenes ocurridos entre septiembre de 1978 y agosto de 1979 en el Centro Clandestino de Detención D2, ubicado en Córdoba. Entre las víctimas se encuentran mujeres que fueron secuestradas, torturadas, violadas y amenazadas, así como trabajadores municipales y un empleado bancario, algunos de los cuales fueron asesinados y desaparecidos.
El proceso ha sido conducido por los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella, quienes han presentado evidencia sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
Este juicio, que ha sido seguido de cerca por la sociedad cordobesa, representa un paso más en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas y sus familias, así como en el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período dictatorial en Argentina.
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