La medida de protesta fue desactivada tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Seguridad de la provincia de Córdoba.
El acuerdo incluye la implementación de una consigna policial permanente en las instalaciones del colegio, así como refuerzos en puertas y ventanas para aumentar las medidas de seguridad. Además, se llevarán a cabo trabajos para fortalecer las infraestructuras dañadas por los robos y se restituirán los materiales sustraídos, como ventiladores, instrumentos musicales y útiles escolares.
La directora del establecimiento, Nancy Gil, explicó que muchos de los delincuentes son exalumnos que intercambian los objetos robados por drogas. Esta situación ha generado preocupación no solo por el impacto en la infraestructura escolar, sino también por la seguridad del personal docente, habiéndose registrado amenazas con armas en el pasado.
La comunidad escolar se encuentra inmersa en un contexto de problemas de drogadicción y narcomenudeo, lo que ha llevado a los padres a exigir mayores medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal de la escuela. Aunque reconocen que no hay suficientes efectivos policiales para cubrir todas las escuelas individualmente, siguen buscando garantizar un entorno seguro para los alumnos.
La vicedirectora Gil destacó el compromiso de brindar lo mejor posible a los niños en el espacio escolar y expresó la voluntad de seguir trabajando para asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.
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