El Gobierno denunció hoy a las empresas de aplicaciones de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya por presuntas "cláusulas abusivas e información engañosa", por lo cual podrían recaer sobre esas compañías multas de hasta 5 millones de pesos.
La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas.
"Estas plataformas, en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores; asimismo, para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente", sostuvo la Subsecretaría en un comunicado.
Según el organismo, en el caso de Rappi y Glovo, cuando el consumidor accede a la app acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de a la empresa prestataria del servicio.
A través de esa modalidad -contrato de mandato-, las compañías buscarían eludir todo tipo de responsabilidad por daños en la relación de consumo. Es que, de esa manera, el cliente -al adherir a los términos y condiciones del servicio- está suscribiendo un contrato con el trabajador de cadetería.
Sobre Glovo se ovjeta que ,además, en los términos y condiciones hay cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, por lo que los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra.
Asimismo, esta empresa establece que los reclamos deben realizarse en los Tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio.
Al apuntar a PedidosYa, el Gobierno remarca que, entre otras cláusulas con información confusa, la firma se deslinda de la responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma, y se reserva la posibilidad de dar de baja o rechazar a los usuarios sin expresar motivos.
Aunque el cliente adhiera a esos términos, se trata de cláusulas que están prohibidas por la legislación argentina, ya que vulneran los derechos de consumidores establecidos en la Ley 24.240.
La presentación da a estas empresas un plazo de cinco días hábiles, improrrogables, para el descargo.
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